El temor a ataduras locales encuentra fundamentos en las comunidades afectadas por los intereses de lo que Javier Rodríguez Pardo (MACH SEPA- UAC) denuncia como “mega-minería hidroquímica a cielo abierto”. El abogado Enrique Viale sostiene que la devastación ambiental está ligada también a una corrupción flagrante -que incluye funcionarios, empresarios y medios de comunicación-, ausencia deliberada del Estado e incumplimiento normativo generalizado.
El docente Horacio Machado Aráoz de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca lo describió como “dictadura mineral” en una audiencia pública reciente, convocada por los diputados Pino Solanas (Proyecto Sur) y Fernanda Reyes (Coalición Cívica).
Allí expuso que el modelo actual de minería es una forma de colonialismo en que “América Latina aporta el 40% del mineral del mundo y consume el 3% promedio de esos minerales”. El marco legal minero “se impuso con el terrorismo de estado” en la década del ’70 y dejó una marcada “violencia expropiatoria” que aún persiste.
Como testimonio de su provincia, contó desde la perspectiva de los recursos naturales estratégicos que “Minera La Alumbrera utiliza 100 millones de litros por día en una región donde llueve 150mm al año”. Desde el punto de vista cultural, “el logo de Minera la Alumbrera está en todas partes, en los nombres de las calles, las ambulancias, los templos, las escuelas, las plazas”.
Y por último habló de expropiación política expresada en la “prohibición del plebiscito en 2007 de Tinogasta y en 2009 y 2010 en Andalgalá por respeto a las constituciones provinciales”, cuando trascendió que en realidad “el gobernador de la provincia encargó una encuesta que dio que el 80% se oponía a la instalación de la minera Agua Rica”.
Machado Aráoz culminó que con el presente modelo de minería “está en juego la salud del pueblo, del territorio y de la democracia”. Por eso diputados de diversos partidos políticos se comprometieron a trabajar en proyectos de ley que dejen de criminalizar la protesta de los asambleístas que resisten a este sistema y modifiquen el código minero calificado unánimemente como de “saqueo y contaminación”.
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| Audiencia pública sobre Minería, convocada por los diputados Pino Solanas y Fernanda Reyes. |
Allí expuso que el modelo actual de minería es una forma de colonialismo en que “América Latina aporta el 40% del mineral del mundo y consume el 3% promedio de esos minerales”. El marco legal minero “se impuso con el terrorismo de estado” en la década del ’70 y dejó una marcada “violencia expropiatoria” que aún persiste.
Como testimonio de su provincia, contó desde la perspectiva de los recursos naturales estratégicos que “Minera La Alumbrera utiliza 100 millones de litros por día en una región donde llueve 150mm al año”. Desde el punto de vista cultural, “el logo de Minera la Alumbrera está en todas partes, en los nombres de las calles, las ambulancias, los templos, las escuelas, las plazas”.
Y por último habló de expropiación política expresada en la “prohibición del plebiscito en 2007 de Tinogasta y en 2009 y 2010 en Andalgalá por respeto a las constituciones provinciales”, cuando trascendió que en realidad “el gobernador de la provincia encargó una encuesta que dio que el 80% se oponía a la instalación de la minera Agua Rica”.
Machado Aráoz culminó que con el presente modelo de minería “está en juego la salud del pueblo, del territorio y de la democracia”. Por eso diputados de diversos partidos políticos se comprometieron a trabajar en proyectos de ley que dejen de criminalizar la protesta de los asambleístas que resisten a este sistema y modifiquen el código minero calificado unánimemente como de “saqueo y contaminación”.
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